La guerra que viene: el Sindicato de Camioneros le reclamará 200 millones de dólares al gobierno de Jorge Macri
El gremio de Hugo y Pablo Moyano amenazó con llenar la ciudad de basura en octubre si el gobierno porteño no indemniza a 6.000 trabajadores del sector por el vencimiento de los contratos de recolección de residuos, que fueron prorrogados hasta 2028
“Me tenés que arreglar el tema de las indemnizaciones en octubre porque, si no, te voy a tapar la ciudad de basura”.
La amenaza fue efectuada en forma directa, sin rodeos, por Pablo Moyano y su destinatario fue un importante funcionario del gobierno porteño, luego de que se pacificó el conflicto generado el 21 de julio por el Sindicato de Camioneros cuando paralizó la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires por el polémico contrato para el acarreo, finalmente anulado. En realidad, el gremialista no dijo en privado nada distinto de lo que había afirmado a principios de junio al periodismo: “En octubre, cuando se termine el contrato de la recolección, las empresas de la ciudad de Buenos Aires van a tener que pagar la indemnización”.
De esa forma ya se instaló el conflicto durísimo que se perfila entre los Moyano y la administración de Jorge Macri: el gremio afirma que en octubre se vencen los contratos de recolección de residuos de CABA y que a los 6.000 trabajadores afiliados a Camioneros les corresponde una indemnización que alcanza los 200 millones de dólares, según estimaciones del gobierno de la ciudad.
Detrás de ese reclamo sindical sigue estando la aplicación de la polémica “Ley Moyano”, como le dicen coloquialmente a esa norma no escrita por la cual Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambie de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
Esa “ley” no tiene basamento jurídico alguno sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por Hugo y Pablo Moyano.
En este caso, los contratos de recolección de residuos se firmaron en enero de 2014, con inicio el 1° de octubre de ese año y por un plazo de 10 años. Sin embargo, en el gobierno macrista señalaron que en 2020, “en el marco del artículo 14 de la Ley 6384, se suscribieron Actas Acuerdos entre las empresas y el GCBA mediante las cuales se prorrogaron los contratos por cuatro años contados a partir de la fecha del vencimiento contractual, operando el nuevo vencimiento el 30 de septiembre de 2028″.
El sindicato se aferra a la interpretación de que aún se encuentra vigente el contrato surgido de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13, que otorgó a 6 empresas la recolección de residuos, y advierte que aun en caso de prórroga se debe indemnizar a los trabajadores.
“Dado que los contratos fueron prorrogados, el reclamo no tiene fundamento puesto que la relación laboral de los trabajadores con las empresas se da en el marco de la misma vinculación contractual”, destacaron a Infobae fuentes del gobierno que encabeza Jorge Macri.
Aludieron así a lo sucedido en 2022 cuando Horacio Rodríguez Larreta prorrogó los contratos de recolección de basura hasta 2028 a raíz de las restricciones presupuestarias que ocasionó la quita de la coparticipación dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández y bajo el paraguas de la ley de emergencia económica porteña.
La decisión del gobierno porteño es negarse pagar las indemnizaciones y resistir las consecuencias de que los Moyano le vuelvan a declarar la guerra a Jorge Macri o, en realidad, a los vecinos porteños. Ya sucedió algo similar en julio pasado cuando el Sindicato de Camioneros paralizó la recolección de residuos por la anulación del contrato para el acarreo en la ciudad, donde el gremio, según deslizaron en el macrismo, tenía empresas “amigas”. Lo mismo sucede con la recolección de residuos.
La baja de la licitación de las grúas, que el jefe de Gobierno calificó de “carísima” y “escandalosa”, fue la que provocó la protesta de los Moyano, aunque la situación laboral de los 310 trabajadores de las grúas nunca peligró: desde septiembre de 2022, esos empleados pasaron a SBASE, una sociedad del Estado porteño, en relación de dependencia y bajo el mismo convenio de Camioneros, luego de haber cobrado indemnizaciones (la famosa “Ley Moyano”, aceptada por el larretismo) de hasta 4 millones de pesos cada uno porque antes se desempeñaban en las empresas Dakota y BRD.
La pelea que se avecina promete ser virulenta
Camioneros nunca retrocedió en la exigencia de la aplicación de la “Ley Moyano”, que arrancó Mauricio Macri en la ciudad cuando definió su proyecto presidencial, y continuó Larreta. Para Jorge Macri, puede ser un escenario políticamente ideal para posicionarse ante un electorado como el porteño, que en su mayoría se opone a la “patria camionera”, aunque también abre un abanico de riesgos de final imprevisible, sobre todo porque habrá algo casi seguro: una ciudad con montañas de basura acumuladas durante los días que dure el conflicto.
Sea como fuere, la cuenta regresiva de la batalla de Jorge Macri y los Moyano ya empezó.
