Conflicto en Aduana: anuncian paro y apagón informático para el 3 y 4 de abril

SUPARA determinó intensificar el plan de lucha con un paro nacional y apagón informático en todas las dependencias aduaneras

En el marco del conflicto salarial que persiste desde principios de año, el Sindicato Único del Personal de Aduanas de la República Argentina (SUPARA) convocó nuevas medidas de fuerza para esta semana. El paro se llevará a cabo el jueves 3 y el viernes 4 de abril e incluirá un apagón informático en todas las dependencias del país.

La determinación fue resuelta por el Plenario Nacional de Delegados tras no llegar a un acuerdo en la última instancia de negociación con las autoridades del organismo. Según el gremio, las paritarias siguen bloqueadas, mientras el Sector Oficial mantiene su negativa y condiciona cualquier mejora salarial a la anulación de una medida cautelar que garantiza la estabilidad de los trabajadores.

Durante las jornadas anunciadas, los trabajadores se presentarán en sus lugares de trabajo, pero no realizarán tareas operativas. Además, las computadoras asignadas permanecerán apagadas entre las 9 y las 17 horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de 8 a 16 horas en el resto del país. También se prevén asambleas informativas en todas las aduanas del país.

La confrontación actual no comenzó esta semana. En lo que va del año, el gremio aduanero ya realizó múltiples jornadas de paro, incluyendo medidas el 20 y 21 de febrero, así como el 25 y 26 de marzo. En las fechas mencionadas, se complementó la inactividad con apagones informáticos, lo que dejó virtualmente paralizadas muchas tareas administrativas en las principales aduanas del país.

A mediados de marzo, en un intento de reducir la tensión, el Sector Oficial propuso abrir una “Mesa de Diálogo”. Sin embargo, las negociaciones no consiguieron avances concretos y las diferencias se sostuvieron. El gremio rechaza la exigencia de levantar una medida cautelar que resguarda la estabilidad laboral como condición para discutir mejoras salariales.

En este marco, se convocó un Plenario Nacional de Delegados, donde se resolvió intensificar el plan de lucha con nuevas medidas para esta semana, sumadas a la participación en el paro general del 10 de abril y en la movilización prevista por la CGT en defensa de los jubilados, el día anterior.

El motivo del conflicto es salarial. El sindicato sostiene que el poder adquisitivo de los trabajadores aduaneros se ha deteriorado gravemente frente al incremento del costo de vida, y que las paritarias permanecen estancadas desde hace meses. Sin embargo, también hay una dimensión institucional, ya que el gremio exige que se respete la medida judicial vigente que protege a los trabajadores de una eventual disposición de disponibilidad, a la cual consideran una amenaza directa a la estabilidad laboral.

Si bien la situación puede llegar a parecer ajena a la mayoría de las personas, lo cierto es que la actividad aduanera es un actor fundamental en el funcionamiento económico del país. Desde alimentos y medicamentos hasta productos electrónicos y autopartes, todo lo que entra o sale de Argentina pasa por una aduana.

Cuando el personal del sector no trabaja, se demora la autorización de despachos, se dificulta la cadena logística e incrementa el valor del acceso de productos importados. Esto puede resultar en faltantes de stock, aumentos de precios o complicaciones en industrias que dependen de insumos del exterior. Además, las exportaciones también sufren retrasos que afectan la competitividad de las empresas.

La falta de avances concretos en las negociaciones ha afectado a operadores, despachantes y trabajadores vinculados al comercio exterior. Las demoras en la verificación de cargas provocan la acumulación de contenedores y la reprogramación de entregas.

Por su parte, el gremio ha indicado la posibilidad de implementar nuevas medidas en ausencia de una respuesta inmediata. La participación en paros anteriores fue elevada, y se espera una respuesta similar en el transcurso de la semana. Además, el componente judicial introduce un factor de incertidumbre, dado que el levantamiento de la medida cautelar que protege la estabilidad laboral podría modificar el escenario.