Paritarias 2025: el Gobierno fijará la inflación como tope obligatorio para los aumentos
Con la premisa de acompañar la desaceleración de los precios y el alegado propósito de “cuidar los puestos de trabajo y a las pyme” la gestión libertaria pondrá un corset sobre los aumentos salariales. La Secretaría de Trabajo no homologará subas por encima de la evolución inflacionaria.
El Gobierno tiene resuelto poner como tope la inflación para los aumentos salariales de 2025. El límite fijado por las áreas de Economía y Capital Humano de la administración libertaria se sostendrá, admitieron en el Ejecutivo, con herramientas administrativas como la homologación de las paritarias. De este modo, si un gremio eventualmente logra pactar una suba de ingresos por encima de la evolución de la canasta básica de precios, los funcionarios podrán privar a ese acuerdo de validación y, por lo tanto, de garantía de cobro para los trabajadores de esa actividad.
Un funcionario de primera línea lo graficó: “en la Argentina los gremios están acostumbrados a acordar en salarios lo máximo posible. Nosotros vamos a cambiar esa lógica y el año que viene la premisa va a ser que cada uno pacte lo mínimo posible. Es decir, que no pierdan contra la inflación pero tampoco que saquen ventaja“. En otros términos, la pauta del Gobierno impedirá recuperar poder adquisitivo a los trabajadores que lo hubiesen perdido en los últimos meses contra la evolución de los precios, en particular luego de la devaluación de 118% de diciembre pasado y el consecuente subidón inflacionario.
Para el Ejecutivo esa premisa permitirá el sostén de la cantidad actual de puestos de trabajo en un contexto donde el desempleo creció en los últimos doce meses, se perdieron más de 150 mil puestos y el mercado laboral reconvirtió parte de los estables con buenos salarios en precarios de bajos ingresos. Y también, destacan, pondrá a salvo a pequeñas y medianas empresas que, siempre según la mirada oficialista, tienen dificultades para pagar los aumentos de sueldo acordados en paritarias.
La amenaza de no homologación es parte intrínseca de la negociación entre todos los gobiernos y el sindicalismo, e incluso administraciones con vocación redistribucionista pueden utilizarla para estimular subas salariales más allá de las formalmente pactadas en la negociación bilateral. En este caso, en cambio, los funcionarios de Javier Milei esperan ponerla en práctica para atenuar toda la ronda de paritarias con la mira puesta en acompañar la desaceleración que experimentó la inflación en los últimos meses.
En el primer tramo del gobierno de Milei las homologaciones se redujeron casi a cero mientras los funcionarios aguardaban instrucciones del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de cómo debían administrar las paritarias. Por entonces Omar Yasín era el secretario de Trabajo y tras su desplazamiento en marzo asumió Cordero, que demoró varias semanas más en validar los acuerdos suscriptos hasta ese momento. De hecho el asesor plenipotenciario sin cargo Santiago Caputo debió comprometerse en persona ante Hugo Moyano y otros líderes de la CGT a que el Gobierno agilizaría las firmas administrativas necesarias para asegurar el cobro de los aumentos de varios sindicatos. Sólo una vez que se restableció el ritmo habitual de homologaciones Camioneros desactivó una amenaza de paro que construía con otras organizaciones. 
