En el sexto capítulo del evento La revolución de la economía digital, organizado por LA NACION, tres especialistas hablaron sobre el futuro del sector
En una economía digital que necesita cada vez más conectividad, las pymes y cooperativas juegan un rol clave. En este sentido, en el marco del capítulo seis del evento La revolución de la economía digital, organizado por LA NACION, la periodista del medio María Julieta Rumi conversó con tres actores importantes del sector: Marcelo Tulissi, presidente de la Cámara Argentina de Operadores TIC PYMES, Leticia Sofía Vázquez, presidenta de la Cámara Infraestructura Digital Argentina (IDA), y Enrique Alonso, gerente general de la Federación de Cooperativas Telefónicas de la Zona Sur (Fecosur).
Tulissi inició el diálogo explicando cuál es el la función que cumplen las pymes y cooperativas en una economía digital que no para de crecer y que precisa de conectividad: “Las pymes en el interior venimos trabajando fuertemente en el despliegue de infraestructura, algo que es fundamental para el desarrollo de la economía digital, ya que sin infraestructura no hay economía digital”. Además, detalló que el sector de las telecomunicaciones representa el 3% del PBI de la Argentina, pero el otro 97% necesita de ese 3% para poder funcionar.
A la hora de hablar de la importancia de este sector, Enrique Alonso explicó que las cooperativas empezaron hace 60 años dando servicios de telefonía: “Las cooperativas tuvieron que desarrollar sus labores en los lugares donde la empresa nacional decidía que no lo iba a hacer. Esto llevó a que los propios habitantes de cada localidad generaran esta empresa cooperativa para brindarse a sí mismos el servicio”.
Empezaron dando un servicio telefónico, pero se fueron ampliando a otros rubros, a medida que la tecnología avanzó. “De los 1500 actores de las tecnologías TIC, hay 700 operadores que provienen del ámbito cooperativo. Se han tenido que ajustar y adaptar a varias situaciones, entre ellas la competitiva, porque luego de la desregulación tuvieron que competir, muchas veces, con su propio proveedor de conexión mayorista. Las cooperativas han estado a la vanguardia en aspectos tecnológicos, en un contexto en el que las inversiones son complejas”, explicó Alonso.
Las cooperativas y la agenda del Gobierno
Por su parte, Leticia Sofía Vázquez explicó que, desde IDA, empezaron a trabajar con una medida cautelar y con la licitación para prestación de servicios de 5G. “En ambos temas las pymes eran las más golpeadas”, señaló Vázquez, y agregó: “Logramos, a través de esa medida cautelar que obtuvimos en la provincia de Mendoza, generar este espacio con las autoridades del sector, para permitir que sea un trabajo que contemple a todos los actores, desde las incumbentes -que son las que tienen a su cargo el desarrollo de la infraestructura-, hasta las cooperativas, incluyendo las regionales, para que puedan tener su participación en este mercado”.
Respecto a la defensa de la competencia en este contexto de desregulación, Tulissi explicó que es un tema que preocupa a toda la industria, no solo a de las telecomunicaciones, sino a cualquier actividad económica del país. “Defensa de la competencia siempre fue un organismo que no funcionó bien. Necesitás una respuesta rápida para resolver un conflicto, pero ellos demoran mucho; deberíamos tener una defensa de la competencia idónea y con resolución inmediata.”
Consultado por el peso que generan los impuestos a los pequeños jugadores, Alonso explicó: “Hoy, un servicio de internet tiene una carga que no es inferior al 41% de la facturación”. En ese sentido, señaló que para lograr mantener e incrementar los servicios de conectividad, la carga impositiva ejerce una presión difícil de manejar.
Vázquez detalló también el escenario en que se encuentran las SAPEM (Sociedad con participación estatal vinculada a las telecomunicaciones) y Arsat: “Respecto a la primera, el Congreso aprobó que el poder ejecutivo va a poder asignar otro tipo de administraciones, podrá hacer fusiones, y trasladar la responsabilidad de la ASAPEN a la jurisdicciones”. En cuanto a Arsat, detalló que “tiene una regulación especial que la constituye, en la que se prevee que el 49% de su capital accionario, porque es una sociedad anónima, puede ser sujeto a venta de capitales privados”. Es decir, el Estado solo conserva el 51% de las acciones, por lo que “la situación que se genera, hoy en día, con el tema de las privatizaciones, es que si bien Arsat quedó por fuera del régimen de empresas a privatizar, ¿qué sucede con ese 49%?”.
