Sanciones, despidos y demandas: el Gobierno mete miedo para quebrar el paro del 10
El Gobierno confía en que la UTA mantendrá el servicio de colectivos y reducirá el impacto de la huelga del 10. Por las dudas ya exhibe un menú de amenazas contra el gremio y los trabajadores, incluso en alianza con las empresas de transporte de pasajeros.
Desde sanciones económicas hasta la caducidad del sindicato; desde descuentos salariales hasta despidos con causa. Todas opciones que entran en el menú que baraja el Gobierno para quebrar el paro del 10 de abril convocado por la CGT. La estrategia de dictar la conciliación obligatoria en el conflicto entre los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte público del AMBA y estirarla por lo menos hasta la fecha de la huelga nacional, que adelantó este medio, se apalanca en las amenazas más severas que contempla la normativa para un gremio y sus trabajadores señalados por presuntamente no acatarla.
La administración de Javier Milei descartó, por ahora, la declaración de ilegalidad de la medida anunciada por la central obrera. Los funcionarios aseguran, sin embargo, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) avala esa opción cuando protege el derecho de huelga cuando se declara para confrontar medidas que atentan contra los salarios o las normas protectorias de los trabajadores pero no cuando se trata de una acción política, como advierten que puede configurarse la de la CGT. Pero también saben que avanzar en ese sentido cruzaría una línea sin retorno con el sindicalismo argentino y, eventualmente, con la propia OIT y otros organismos internacionales.
Con esa limitante en Capital Humano resolvieron centralizar la estrategia contra el paro en la conciliación que rige para la UTA. Se trata de un gremio con historial de permeabilidad: el 30 de octubre se bajó de un paro general de sindicatos del transporte en medio de otra negociación paritaria. , su secretario general, Roberto Fernández, declaró durante una reunión en la Casa Rosada que esperaba gestos favorables del Ejecutivo en aquella gestión para prestar su colaboración por considerarse “mileísta de la primera hora”.
Fernández construyó su liderazgo en la UTA sobre la base de acuerdos con todos los gobiernos desde 2006, cuando reemplazó a Juan Manuel Palacios, un dirigente de un perfil más confrontativo y quien fue mano derecha de Hugo Moyano en el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). Esa estrategia del actual secretario general parte de que sólo el Estado define la actualización salarial de los choferes mediante aumentos de tarifas o de subsidios tendientes a equiparar los desfasajes inflacionarios clásicos de la Argentina. Ese rasgo identitario del jefe de los colectiveros alimentó las suspicacias cuando la semana pasada anunció un paro de actividades por la falta de avances en la paritaria en momentos en que la CGT ya había puesto la fecha del 10 de abril para la tercera huelga general contra la administración libertaria.
Pero incluso si la UTA resolviera adherir al paro nacional de la semana próxima, la Secretaría de Trabajo evalúa posibles sanciones. La escala de castigos colectivos arranca con multas económicas para el sindicato y llegan hasta la caducidad de la personería gremial, el máximo reconocimiento que la norma argentina le otorga a una organización de trabajadores y que le habilita a retener el monopolio de la representación. En la cartera laboral admiten que ese extremo no está en juego aunque lo mencionan entre las alternativas.
Las amenazas se extienden a cada trabajador involucrado en una medida que eventualmente el Gobierno considere ilegal: los funcionarios sostienen que las empresas quedarán habilitadas a descontarles el día no trabajado a sus choferes y hasta a despedirlos con justa causa, es decir sin derecho a percibir una indemnización. Incluso el Gobierno contempla que los dueños de los colectivos -y cualquier otra empresa que pudiese demostrar un inconveniente derivado de la huelga- podrían demandar por daños y perjuicios al gremio. En cambio, abogados laboralistas y académicos coinciden en que el espíritu de la ley 14.786 que creó la institución de la conciliación obligatoria se refiere a un instrumento para la solución de conflictos sectoriales en ningún caso aplicable a una medida de fuerza de orden general.
En la CGT saben que la UTA es el eslabón más crítico del paro nacional. Desde que Trabajo decretó la conciliación obligatoria en el conflicto por su paritaria Fernández limitó al máximo sus contactos con sus pares. Sólo a uno de los miembros de la “mesa chica” le hizo saber de su voluntad por adherir al paro general a pesar de las amenazas del Gobierno. Este jueves habrá una audiencia en la cartera laboral entre la UTA y las cámaras del transporte de corta distancia del AMBA. Cerca del secretario, Julio Cordero, advirtieron que incluso si el conflicto se resolviera y quedara zanjado con un aumento salarial, la cláusula de “paz social” que suele incluir cada acuerdo podría ser esgrimida como argumento por las empresas para forzar al sindicato a prestar servicios el 10 de abril.
