Trenes: termina la conciliación obligatoria y La Fraternidad analiza un paro
El sindicato representante de los maquinistas y la empresa no llegaron a un acuerdo en las últimas audiencias.
El sindicato de La Fraternidad y los representantes de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) se volverán a encontrar este lunes en medio de las duras negociaciones que llevan adelante por los aumentos salariales. En ese marco, vence el plazo de la conciliación obligatoria y desde el gremio advierten que se analiza una medida de fuerza si no hay una solución.
“Vemos que no hay voluntad, estamos analizando cuáles son los pasos a seguir”, dijeron desde el sindicato de conductores y reconocieron que estudian la posibilidad de una medida de fuerza. En la última audiencia el Gobierno la empresa estatal realizó la misma oferta que ya había sido rechazada en varias ocasiones.
Conflicto por trenes: cómo se llegó hasta acá
La tensión está en alta entre los trabajadores ferroviarios dirigidos por Omar Maturano y los representantes estatales: la última sesión fue el 13 de enero pasado. Tras el encuentro de ese día, los ferroviarios hicieron público un comunicado en el que señalaron que “no fue posible alcanzar un acuerdo acerca de la recomposición de nuestros salarios. La representación empresarial volvió a ratificar su anterior propuesta, la cual fue rechazada”, que consideraron que “devalúa los ingresos del personal de conducción de trenes, agraviando el mérito, la idoneidad, la profesionalidad y responsabilidad de nuestra labor, poniendo en riesgo la paz social con su conducta arbitraria”.
La conciliación obligatoria, en tanto, fue dictada el pasado 17 de diciembre horas antes de que se llevara a cabo el paro nacional por 24 horas que habían anunciado desde La Fraternidad establecido por 15 días, que el sindicato acató y que luego fue prorrogado tras cada encuentro. Durante el año pasado, el sindicato también compartió una denuncia de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte por “prácticas antisindicales del Gobierno”. Allí, apuntaron contra la restricción del derecho a huelga, la criminalización de la protesta y el debilitamiento de los sindicatos, la libertad sindical y la negociación colectiva bajo amenaza, así como la entrega de la soberanía nacional y el ataque a la educación pública, gratuita y de calidad.
