El organismo pide que se dispongan las medidas necesarias a efectos de determinar responsabilidades penales de los funcionarios públicos involucrados.

La denuncia fue interpuesta en los tribunales federales y quedó a cargo de la jueza María Servini.

La Comisión siguió de cerca los hechos ocurridos ayer cuando las fuerzas de seguridad reprimieron la nueva marcha de los jubilados que se manifiestan en el Congreso contra el veto presidencial a la reforma de la ley de movilidad jubilatoria.

La denuncia penal había sido realizada tras la represión de las fuerzas de seguridad en la marcha del 28 de agosto pasado, hechos que se repitieron ayer.

“Las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar policial, que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas”, advirtió la Comisión.

La organización dio cuenta de personas heridas producto del “excesivo y desproporcionado uso de gases irritantes”, golpes, patadas propinadas por los efectivos policiales.

Remarcaron el caso de dos hermanos jubilados que requirieron asistencia de los presentes debido a las contusiones sufridas. Uno de ellos recibió un golpe en la cabeza y la rotura de sus lentes.

Para la Comisión, los efectivos de Policía Federal “ejercieron de forma desproporcionada, irracional y abusiva la fuerza a través de las denominadas armas no letales”. Y resaltaron que no había conflicto, ya que las personas se manifestaban de manera pacífica.

En la denuncia consignan que los movileros de LN+ y de Telefe fueron impactados por los gases directamente en su rostro, generando picazón en ojos y boca y alergia en sus caras. También un fotógrafo de Radio Gráfica, resultó ser víctima del gas irritante.

La Comisión advirtió que “en aquellos casos en que el Estado está directamente implicado, la investigación y resolución del mismo debe ser aún más rigurosa y precisa”.