El Gobierno insiste con “modernizar” la legislación laboral para generar empleo, pero los datos muestran que la desregulación profundiza la precarización, especialmente entre los jóvenes donde la desocupación duplica la media general.
Envalentonado con el resultado electoral, el gobierno nacional reactivó el debate en torno a una reforma laboral. Si bien el argumento del oficialismo recae en la necesidad de “modernizar” la legislación vigente lo que -aseguran sus funcionarios- tendría impacto positivo en la cantidad de puestos de trabajo, lo cierto es que en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y pese a los cambios ya implementados desde 2024 con el capítulo laboral de la “Ley Bases”, se perdieron más de 200.000 empleos asalariados registrados, un nivel máximo alcanzado por el actual gobierno, con particular destrucción en el sector privado (-126.000 puestos).
En este esquema despierta especial alerta el impacto en las y los jóvenes, los más golpeados por el desempleo y la precarización laboral. Los datos históricos ponen sobre la mesa que, en periodos de mayor desregulación laboral, fue este segmento el que más sufrió el golpe: en la crisis del 2001 y tras los años de políticas económicas menemistas (flexibilización laboral, reducción de Contribuciones Patronales, privatización de la Seguridad Social, entre otras) la tasa de desempleo para las personas menores de 25 años llegó a un máximo histórico (38%) mientras que para 2007, en un marco de recuperación de la actividad y generación de más de 3 millones de puestos, ya había caído al 18%.
Es decir que la mayor desprotección del trabajador presentada como “beneficio” para incentivar la contratación, lejos de evidenciarse en la práctica, dejó una profundización de problemas estructurales: lo hecho hasta ahora lejos de crear empleo en buenas condiciones, apuntó a cambios regresivos que perjudicaron a las y los trabajadores al “legalizar” condiciones precarias de contratación lo que, a su vez, no solo afecta las condiciones presentes, sino a la propia sustentabilidad del sistema jubilatorio, con mayor caída del poder de compra del salario. En otras palabras, las propias cifras oficiales muestran que la mayor desregulación laboral no crea empleo, ya que la contratación está directamente vinculada al nivel de actividad.
Al momento, La Libertad Avanza (LLA) dejó trascender que la propuesta de reforma que buscaría tratar una vez conformado el nuevo Congreso el próximo 10 de diciembre podría incluir acuerdos de trabajo por empresa (en lugar de por actividad), aumentos salariales por productividad, extensión del horario laboral, indemnizaciones en cuotas, nuevo régimen de vacaciones, entre los puntos principales.
Reformas regresivas: qué puede pasar en el empleo juvenil
En Argentina viven más de siete millones de jóvenes (25,0% del total) que estudian, trabajan y cuidan, aunque no lo hacen en las mismas condiciones que la población de mayor: enfrentan altos niveles de desocupación mientras casi un 60% trabaja en la informalidad. Esta problemática conlleva también que dos de cada tres jóvenes no alcance a cubrir una canasta básica.
En concreto, este grupo etario (considerando la franja de 14 a 29 años que toman las mediciones oficiales) registra históricamente tasas de actividad y empleo más bajas que las de la población total. Por un lado, la tasa de actividad de las y los jóvenes fue, en el segundo trimestre del 2025, del 51,4% entre los varones y del 42,0% entre las mujeres, ubicándose 18,2 y 10,1 puntos por debajo de las tasas totales para varones y mujeres, respectivamente. En cuanto al empleo, las tasas de 44,8% (varones) y 34,9% (mujeres) quedaron 20,1 y 12,7 puntos por debajo de la población total de cada sexo considerado.
