Acuerdo entre el Gobierno y controladores áereos: se normalizan los vuelos
A través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se alcanzó un acuerdo entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
El Ministerio de Capital Humano anunció este miércoles un principio de acuerdo salarial con los controladores aeronáuticos. A raíz de este entendimiento, quedaría garantizado el normal funcionamiento de los servicios aerocomerciales, dejando sin efecto el cronograma de medidas de fuerza que había dispuesto el gremio.
La cartera informó a través de un comunicado que a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se alcanzó un acuerdo entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). “Las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando de este modo la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales”, indicó el comunicado.
Y acotaron: “El Ministerio de Capital Humano destaca la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución que favorezca la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico, en resguardo de los derechos de los trabajadores y del interés general de los usuarios”.
El gremio había suspendido ayer la medida de fuerza prevista para mañana, que formaba parte del cronograma establecido para sus reclamos salariales, luego de que la Secretaría de Trabajo los convocara a la reunión de conciliación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que se desarrolló esta tarde.
Piden la indagatoria del secretario de Trabajo y un diputado libertario por querer apoderarse de la UATRE
El escándalo por los audios que expusieron supuestos pedidos de coimas a prestadores de discapacidad y el caso $LIBRA no son los únicos hechos que preocupan al gobierno de Javier Milei. Este lunes, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria del secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, y el diputado libertario Pablo Miguel Ansaloni por presunto abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 248, 256 bis y 277 del Código Penal.
La causa, iniciada por una denuncia de José Voytenco, secretario general de UATRE, el 5 de febrero de 2025, acusa a los imputados de planear la intervención de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y su obra social, OSPRERA, para desplazar a sus autoridades electas. La investigación, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, incluye peritajes, registros de llamadas y reuniones que evidencian un “acuerdo criminal” para controlar el sindicato. La Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo ya rechazó la intervención de UATRE por falta de fundamentos, defendiendo la libertad sindical. La causa avanza con nuevas pruebas, y no se descartan medidas adicionales.
La Fiscalía señaló que “teniendo en cuenta el resultado de la prueba producida durante la instrucción del expediente en ese sentido, considero que se encuentra reunido el grado de sospecha contemplado por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, motivo por el cual habré de requerir a V.S. que se convoque a prestar declaración indagatoria” a los sujetos anteriormente mencionados y además a Claudio Alberto Aquino, Director Nacional de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo; Marcelo Carlos Petroni, interventor de la Obra Social de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina -OSPRERA-; Marcelo Agustín Andrada -ex Secretario General de la seccional La Plata de UATRE; y Aixa Laura Petriati -ex Subdelegada por la provincia de Buenos Aires de UATRE.
El requerimiento detalla que, tras la derrota de Ansaloni en las elecciones sindicales de 2022, se habrían sucedido una serie de maniobras para tomar el control de la UATRE y su obra social. Entre ellas, la imposición de una intervención en OSPRERA, la designación de allegados en cargos clave y la celebración de contratos por servicios no prestados, que habrían perjudicado el patrimonio de la entidad.
